domingo, 12 de febrero de 2012

El juicio contra el Juez Garzón: La única oportunidad que hasta la fecha han tenido las víctimas de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo para declarar ante un tribunal español - 12/02/2012


En los últimos días se ha llevado a cabo la prueba testifical admitida a la defensa (familiares de víctimas y/o miembros de distintas asociaciones memorialistas y que en su día denunciaron “delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, ejecuciones, asesinatos, torturas” ante la Audiencia Nacional). Han presentado sus declaraciones durante 4 días.  La primera clave a destacar es que es paradójico y lamentable que la primera vez que las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo pueden hablar de estos crímenes frente a un tribunal, sea en el contexto de un juico en el que se procesa al Juez que intentó investigar y juzgar estos crímenes. La Sala los ha escuchado sin interrupciones, lo que, con todo, es un elemento positivo a valorar.

De los conmovedores relatos de los testigos, de los crímenes que denunciaron con detalle, no cabe otra conclusión que la naturaleza de tales hechos era la de los crímenes contra la humanidad.  Las víctimas que testificaron hablaron de porqué acudieron a la Audiencia Nacional, y dejaron claro que el objetivo buscado por las víctimas era que se investigara, establecer las responsabilidades penales, y obtener reparación. Querían que a través de la acción judicial se llegara a donde ellos no habían podido llegar solos tras muchos esfuerzos para encontrar a sus familiares desparecidos, debido, por ejemplo, a la imposibilidad de acceder a archivos oficiales o de obtener certificados de defunción, y por tanto de registrar los fallecimientos y resolver con ello una situación que consideraban “radicalmente injusta”. La vía penal, dijeron, era la única opción que les quedaba para que se investigase, poder reconstruir qué pasó y por qué, cómo se produjeron aquellos crímenes, que también se reconociera legalmente que hubo tales crímenes, así como localizar a los desaparecidos. Buscando, en fin, “saber la verdad y no la venganza”. 

Durante estas sesiones se ha explicado que a finales de los 70 y hasta 1981, se llevaron a cabo exhumaciones que se paralizaron precisamente con el golpe de estado de 23 de febrero de 1981, de tal suerte que entre 1982 y 1996 se produjo lo que se ha denominado como “la suspensión de la memoria”. Han explicado también que es con el nacimiento de las asociaciones de memoria en el 2000/2001, con el impulso de los nietos que “hablan sin el miedo que tuvieron sus padres”, que aprenden y conocen que denunciar “no sólo es un derecho sino un deber”; así como con la apertura mínima de algunos archivos, que se generó un activismo renovado y un mayor ímpetu en la búsqueda de la justicia. Se dio lo que ellos mismos denominan “un proceso de maduración” por parte de las víctimas. 

El objetivo de la defensa era probar, a través de los testimonios, lo que afirmaba el juez Garzón en su Auto del 16 de octubre de 2008, en cuanto que se trataba de hechos nunca investigados penalmente en España y por tanto “sin resolver” y sin que las víctimas hayan obtenido reparación alguna.

Tras la declaración de los testigos, el juicio entró en la etapa de prueba documental. El 7 de febrero la defensa aportó la prueba documental autorizada por el acuerdo de la Sala de 31 de enero. Asimismo, se dio lectura expresa a una serie de documentos a instancia de la acusación popular, de la defensa y de la fiscalía. Se dio lectura por ejemplo a piezas del “caso de Paracuellos” (a instancia de la acusación), y en nombre de la defensa al informe del fiscal en el caso de los campos de concentración nazis y al voto particular de los tres Magistrados de la Audiencia Nacional que disintieron de la opinión del Pleno en su Auto de 2 diciembre 2008, el que declaró la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. 
El juicio finalizaría el 8 de febrero con el trámite de las conclusiones definitivas y los informes orales de las partes. 

La línea de la acusación en su informe final del 8 de febrero intentó mostrar al tribunal que la actuación del juez Garzón era irrespetuosa con la separación de poderes, inconsistente con el derecho nacional e incoherente con su propia actuación judicial pasada en el “caso de Paracuellos” (en la que el Juez inadmitió la denuncia). En esa línea, Manos Limpias modificó su escrito de acusación con la intención de volver a incluirlo, pese a que había sido retirado por indicación del Magistrado Instructor Varela en la fase anterior de la causa, quedando fuera del objeto del proceso. Las afirmaciones y conclusiones del abogado acusador sobre los alcances del Derecho internacional en España fueron especialmente llamativos, pues denotaban una inconsistencia básica fundada en el desconocimiento de los principios y conceptos de Derecho internacional de los derechos humanos y Derecho internacional penal. Afirmó por ejemplo que “lo que dice la ONU” son meras recomendaciones sin rango normativo”, poniendo como prueba de su afirmación que España jamás había sido sancionada por incumplir dichas obligaciones;  que el juez debe “sometimiento a las leyes internas y a la Constitución” y que por tanto el acusado había actuado como si fuese el poder legislativo (recordemos que igualmente argumentó el Magistrado Instructor en su Auto de 3 de febrero de 2010).  El abogado de Manos Limpias criticó con contundencia el concepto y la naturaleza del delito de desaparición forzada tal como los recoge el juez Garzón en sus Autos, sosteniendo que “no se puede pretender que la persona permanece viva hasta que no se conozca su paradero”. También hizo una defensa a ultranza de la “calidad” y las bondades de la Ley de Amnistía de 1977, y se afirmó que “no asumir la prescripción es irracional”, y que la Convención sobre Desapariciones Forzadas, publicada en el Boletín Oficial de España (BOE) en febrero de 2011, no puede tener efectos retroactivos. 

La defensa del Juez analizó los argumentos de las denuncias, intentado desmontar cada una de las afirmaciones anteriores, enmarcando su análisis, sobre todo, en el contexto de las normas nacionales. Propuso al tribunal que al decidir sobre la causa no se pronunciara necesariamente sobre si el Juez tenía o no razón en sus decisiones e interpretaciones, sino a afirmar por lo menos, que éstas eran ‘defendibles’ y ‘razonables’.  Apeló así de manera implícita a respetar la libertad interpretativa de la función jurisdiccional, un elemento central de la independencia judicial.  La defensa habló del carácter de la acción de las víctimas, explicó al Tribunal que era evidente que algo había cambiado a partir del 2006, cuando las víctimas acuden a los tribunales para encontrar justicia, dijo que eran “víctimas vivas hoy, que no han renunciado al componente punible de los hecho denunciados”, y que el derecho a saber era parte de la tutela judicial que se las debía. 

La defensa argumentó que todas las denuncias tienen en común que afectan el núcleo de los derechos humanos, que son delitos graves y que las víctimas no habían obtenido reparación. Las diligencias practicadas por el juez Garzón durante la instrucción pusieron de manifiesto un dato llamativo: que ningún organismo público era capaz de facilitar datos sobre todos aquellos crímenes. También aludió a la “atípica” cuestión de incompetencia planteada por la fiscalía de la Audiencia Nacional, que -retomando las palabras de la acusación popular- buscaría cortar de raíz las actuaciones del Juez, pero también que dejaría sin resolver el problema subsistente: que las víctimas siguen sin obtener respuesta alguna. Las decisiones del juez Garzón, en consecuencia, que buscaban resolver esta cuestión, eran defendibles y racionales. 

El mensaje central del informe final del Fiscal buscó convencer al Tribunal de que la sentencia no puede ser otra que absolutoria, pues lo contrario tendría efectos devastadores en cuanto supondría “una ruptura injustificada con una línea jurisprudencial”, así como la vuelta a “un derecho penal de autor y no del hecho”.  El efecto más devastador según el Fiscal sería el atentado al “principio de independencia judicial”, el mensaje a los que integran el poder judicial de que sólo serían tolerables interpretaciones ortodoxas, y que todo lo minoritario o discrepante puede ser objeto de delito de prevaricación.

El Fiscal también manifestó sus dudas sobre la intención de los acusadores y sobre si la acusación al imputado tendría que ver, en el fondo, más con la personalidad y figura del Juez (que no es un “juez al uso”). Apuntó que es falso que se hable de ruptura de unidad de criterio de la fiscalía en este caso. Y así, aunque comparte los argumentos que sostuvo la fiscalía de la Audiencia Nacional, sostuvo que las decisiones se discuten por la vía de los recursos, no acudiendo a la querella. Refiriéndose al proceso iniciado en Argentina por el mismo contexto de hechos delictivos, afirmó que era “patético que allí se siga una investigación y aquí se persiga a quien intentó encauzar procesal y jurídicamente esas denuncias”. También se refirió a que la victimización de los denunciantes era permanente y concluyó que las resoluciones del juez Garzón son defendibles. Prueba de ello, dijo el Fiscal, era que otros Magistrados de la Audiencia Nacional emitieron un voto particular apoyando sus tesis, y no se ha iniciado acciones contra ellos; hay Juzgados que también lo apoyaron, y tampoco hay acciones contra ellos. Se afirmó que en el caso Scilingo hubo sucesivos cambios de tipificación de los delitos sin que nadie fuera perseguido por ello y que la propia posición de la fiscalía, en el caso de los campos de concentración nazis actualmente en curso, también permite ver que todo esto es objeto de discusión. 

El juez Garzón en el ejercicio de su derecho a “la última palabra” ha defendido sus resoluciones que “podrán ser no compartidas pero son defendibles”, y ha recordado que la obligación del juez es dar protección a las víctimas. También afirmó que tomó sus decisiones sobre todo guiado por el “desamparo de las víctimas que son en este tipo de crímenes el elemento principal que todo juez debe proteger".  Ha cerrado citando a Kant: "el tribunal del hombre es su conciencia. La mía está tranquila". 

El juicio que ha quedado ahora visto para sentencia, nos suscita algunas reflexiones sobre su conducción procesal, así como en cuanto a los argumentos planteados y la tendencia de los mismos. 

1. La resolución de las cuestiones previas, denegándolas, se adoptó por mayoría, de manera que es evidente que hay Magistrados discrepantes (aunque no es posible conocer sus razones para discrepar hasta que se dicte la sentencia), y que hay una división de criterios respecto a la materia a juzgar. Desde el punto de vista procesal, resulta impropio por demás, que las partes no hayan podido acceder a los fundamentos de ese acuerdo que, se dice, se razonará en la sentencia, lo que imposibilitó a la defensa que propuso las cuestiones argumentar al respecto en su informe final.

2. En el Acuerdo que denegaba las cuestiones previas se estableció en uno de sus puntos que se permitiría aportar documentos que pongan de relieve "la defendibilidad" de los criterios utilizados en las interpretaciones de los Autos del juez Garzón.  Tales criterios se referirían a la aplicación de los principios y jurisprudencia de Derecho internacional, un extremo sobre el cual el Tribunal había rechazado la prueba testifical de expertos internacionales. A nuestro entender, resulta doblemente sorprendente que se requiera a la defensa dicha aportación documental. Por un lado, porque la prueba testifical era importante para entender si el Juez había procedido de manera prevaricadora al aplicar disposiciones internacionales a los hechos investigados, de tal suerte que su denegación, y dado el carácter distintivo de ambas pruebas (testifical-documental), ha afectado de manera negativa a su derecho de defensa. También es sorprendente pero particularmente preocupante que una institución como el Tribunal Supremo requiera a un acusado que aporte en calidad de prueba,  normatividad y jurisprudencia internacionales, que es en esencia doctrina de Derecho, que forma parte de las fuentes del Derecho español, y que provee el marco interpretativo de sus leyes nacionales. La presencia de los testigos expertos internacionales hubiera dado al Tribunal la oportunidad de aclarar de manera eficaz las tendencias conceptuales y jurisprudenciales en materia de Derecho internacional y comparado en las áreas sobre las que éste considera que existen controversias entre el Derecho internacional y el Derecho interno, así como conocer la forma en que los jueces en estas jurisdicciones internacionales, regionales o nacionales han enfrentado tales cuestiones. El permitir de manera tardía que se presente prueba documental para demostrar la coherencia de criterios del Juez Garzón con el Derecho internacional al que también está sometido España, no enmienda el menoscabo al derecho de defensa que ha supuesto la negativa de la prueba de dichos testigos. 

3. Este proceso ha sido una oportunidad perdida para la pedagogía jurídica, especialmente en lo relativo a temas centrales subyacen al tema de la prevaricación (si se puede aplicar la institución de la prescripción a un crimen de derecho internacional, si estos pueden ser amnistiados, cuáles son los límites de la prescripción, etc.) y sobre todo no ha contribuido a dilucidar una de las cuestiones clave para el acceso a la justicia que es la determinación de la jurisdicción competente; es decir: ¿cuál es entonces el tribunal predeterminado por ley para juzgar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en España?  

4. La forma en que se han referido las partes en el juicio al Derecho internacional ha sido, en el mejor de los casos, escasa y tímida, y en el peor, tendenciosa y errónea. Procesos en los que se pone en juicio materias tan relevantes como las arriba indicadas, deberían ser oportunidades para la pedagogía jurídica, para el avance del Derecho, para el debate jurídico sustantivo. Lamentablemente, éste no ha sido el caso.  
  
Sigue siendo altamente improbable que el Tribunal Supremo, en la sentencia que dicte, absolutoria o de condena, se ocupe del fondo del asunto. Con todo, sería alentador para el sistema jurídico, para la independencia judicial y para el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo que, tal como solicitó la defensa, el Tribunal encontrara que la actuación del juez Garzón en este caso era justificable y razonable, y sobre todo ajustada al Derecho internacional; que, conviene no olvidarlo, también es parte del Derecho español.