domingo, 3 de abril de 2011

La actitud de España frente a las desapariciones forzadas - 04/04/2011

Las respuestas del Estado español ante las preguntas del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, (GTDFI) han sido siempre frustrantes y desalentadoras para las víctimas de estos crímenes. Aunque en general España nunca ha destacado por su claridad y eficacia en sus respuestas ante los mecanismos de monitoreo de los derechos humanos, su conducta ante el GTDFI ha sido especialmente evasiva y autocomplaciente.

En el último examen periódico ante el GTDFI llevado a cabo en Ginebra a inicios de marzo, el Gobierno facilitó información a través de dos comunicaciones (26 de febrero y 18 de junio de 2009). En sus comunicaciones, el Gobierno no da respuesta ni a la denuncia individual en relación con la desaparición de Abel Ballart Sans ni a las denuncias generales. En cuanto al caso Ballart Sans, que cuestiona la no investigación de las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil española y durante el régimen del General Francisco Franco, el Gobierno se remite a la Ley de “memoria histórica” de 2007 para luego admitir que esta ley no tiene por objeto la tipificación y sanción del delito de desaparición forzada, sino que promueve las medidas que puedan contribuir al conocimiento de la historia y a facilitar la memoria democrática, todo ello en el marco de un espíritu de reconciliación. El Estado anexa una la lista de textos legislativos y reglamentarios que presenta como formas de reparación moral e indemnización. Ningunas de estas normas tiene que ver con la pregunta del GTDFI sobre porqué el Estado español no ha cumplido con su obligación de investigar la suerte de los desaparecidos.

Más aun, de manera inaudita, el Estado alude en su defensa a que, de conformidad con la resolución de un juez, todos los encargados de los registros civiles municipales y consulares y el Registro Civil Central están obligados a "permitir el acceso al Registro Civil, tanto principal como auxiliar, de la policía judicial indicado por dicho Juzgado Central de Instrucción para la finalidad de identificar posibles víctimas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936". El Auto al que se refiere el Gobierno es de fecha 16 de octubre de 2008, dictado por el Juzgado Central de Instrucción Nº 5, Auto que fue declarado nulo de inmediato en virtud de un recurso del Ministerio Fiscal (y que consiguiente ha servido de base para la imputación del juez por delito de prevaricación). La resolución judicial referida por el Estado, había sido pues ya anulada cuando el Gobierno remitió su comunicación.

Respecto a la vigente Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno se justifica ante el GTDFI señalando que es necesario diferenciar la amnistía del indulto, y que también hay que diferenciar esta ley de amnistía de las denominadas "leyes de punto final". A favor de este argumento, el Estado sostiene con insultante hipocresía, que el artículo 9 de la Ley de Amnistía ordena que la aplicación de dicha ley competerá con exclusividad a los jueces, tribunales y autoridades judiciales competentes, que son las que caso por caso resolverán en última instancia si esta es aplicable o no, de acuerdo con las leyes procesales vigente. El Estado español miente al GTDFI. El Ministerio Fiscal viene postulando (y sistemáticamente los jueces asumiendo) la Ley de Amnistía como un impedimento para abordar la investigación. Tampoco dice que en el único caso en que un juez hizo uso de su criterio jurisdiccional y aplicó el Derecho internacional para abrir una investigación, fue acusado de prevaricación, asediado por los poderes de facto que se oponen a investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, y continua hoy pendiente de juicio.

El Estado español justifica también la prescripción como una razón formal para no investigar dichos crímenes. No sólo no reconoce la imprescriptibilidad de dichos crímenes, sino que aduce la resignación del poder público ante la inoperatividad de la respuesta penal por el transcurso del tiempo.

La afirmación del Gobierno español ante el GTDFI de que “la investigación de las desapariciones forzadas se ha realizado siempre que haya sido instada por los interesados, y no se haya dictado ninguna resolución fundada en la Ley de amnistía” y de que “han sido numerosas las efectuadas por el poder judicial, así como las medidas impulsadas por el Gobierno para llevar a cabo dichas investigaciones” es absolutamente falsa y es indignante para las organizaciones de derechos humanos. Quienes conocemos estos procesos sabemos que las denuncias (salvo muy raras excepciones) han sido sistemáticamente archivadas sin inicio de investigación alguna bajo los argumentos de la prescripción la Ley de Amnistía o la Ley de Memoria Histórica; cuando no, usando varias de estas referencias a la vez, y en cascada, como por el ejemplo en el Auto del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranda de Duero de 8 de febrero de 2010-. El Ministerio Público, por su parte, ha instando sostenidamente el archivo de cuantas denuncias se han presentado.

Sobre la denuncia de desaparición de miles de niños españoles entre 1940 y 1954 (presuntamente enviados a orfanatos o entregados en adopción y que en muchos casos fueron inscritos en el Registro Civil con nombre distinto) el Gobierno afirma que es una afirmación general y que las particularidades, los procedimientos y, sobre todo, las razones variaron enormemente de un caso a otro. No explica en qué se sostiene dicha afirmación, si estos crímenes nunca fueron investigados. El Gobierno tacha también de falsa la alegación de que los familiares de los desaparecidos tropiezan regularmente con obstáculos y hostilidad por parte de las autoridades al solicitar la exhumación de cadáveres enterrados en fosas clandestinas. Sostiene que las autoridades “han puesto en marcha numerosas medidas de tipo legislativo y administrativo para facilitar el proceso”. Lo cierto es que esas medidas se han quedado en el terreno normativo: ni se ha llegado a homologar un protocolo de exhumación, ni todas las Comunidades Autónomas han elaborado mapa de fosas, y en todo caso y siempre, el peso de las tareas de exhumación siguen recayendo básicamente en los familiares de las víctimas.

Respecto a la denuncia sobre que en 2003 el Gobierno de España participó en la práctica de entregas extrajudiciales y detenciones secretas (permitir el uso de aeropuertos de España por aviones que transportaban a víctimas de detenciones extrajudiciales), el Gobierno responde que ha llevado a cabo una investigación exhaustiva, que no hay constancia de que vuelos que hayan hecho escala en bases militares españolas, hayan cometido actos contrarios a la legislación española o a las obligaciones internacionales de España y que recabó toda la información posible sobre las escalas de estos presuntos vuelos encubiertos y la trasladó a la autoridad judicial competente. En suma, niega los cargos cuando la investigación judicial sigue abierta.

El 24 de septiembre de 2009 España ratificó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006).