lunes, 17 de mayo de 2010

Un día de vergüenza histórica para la Justicia Española - 17/05/2010

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido en sus funciones al juez Garzón en un Pleno extraordinario que ha sido convocado con singular premura a tal efecto, con la misma excepcionalidad y celeridad con que ha venido ocurriendo todo el proceso desde un inicio Este episodio procesal es una victoria pírrica del Tribunal Supremo en el caso contra el Juez Garzón.

La suspensión del juez Garzón cierra una fase en un proceso judicial que, a juzgar por la argumentación desplegada por el Tribunal Supremo y el rol de los actores más representativos de la derecha española en este proceso, tiene un doble objetivo: blindar la ley de amnistía de 1977 contra cualquier intento de investigar los crímenes del franquismo; y sancionar a un Juez por dar preeminencia al derecho internacional por encima del derecho nacional. En ambos casos, estamos frente a la manifestación más retrógrada y derogatoria que haya tenido ningún tribunal supremo español con anterioridad, respecto al derecho internacional de los derechos humanos.

La suspensión de funciones, es consecuencia del auto dictado el 11 de mayo por el Magistrado-Instructor Luciano Varela por el que abre juicio oral a Garzón, en virtud única y exclusivamente de la acusación de Manos Limpias y perdurará en tanto el proceso no termine. De resultar condenado, el pasado viernes habría sido el último día en que el juez Garzón habría ejercido su función jurisdiccional.

Frente a la apertura de juicio y la inminencia de esta suspensión de funciones del Juez Garzón parte de los miembros del sector progresista del Poder Judicial intentó que se celebrara una comisión permanente urgente que autorizase la petición de Garzón de salir en comisión de servicio como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya. Se buscaba una salida ‘honrosa’ que diera una señal al mundo de la legitimidad de la que goza el Juez en la esfera de la justicia internacional pese al acoso sufrido en el proceso en el ámbito nacional, pero esta acción también está siendo obstaculizada por los jueces conservadores. Más aún, pese a que dicho Consejo disponía ya de cuatro informes a favor del otorgamiento del permiso al Juez, el CGPJ ha aplazado su decisión aduciendo la necesidad de recabar más informes, entre otros, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma instancia que juzga a Garzón.

La asombrosa premura en el dictado del auto de apertura e ipso facta remisión al Consejo que convocó de inmediato un Pleno extraordinario ha hecho evidente la voluntad de apartar de inmediato al juez de sus funciones jurisdiccionales y de obstaculizar su salida en comisión de servicios como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, porque esto dejaría a la justicia española en una situación de ilegitimidad y aislamiento en su persecución al Juez.

Lo que este Tribunal decida en el juicio contra el juez Garzón no tiene única y exclusivamente consecuencias para el imputado. En el nivel nacional, determinará respecto a los crímenes del franquismo, que aquellos juzgados territoriales que tenían voluntad de hacer su trabajo y ser respetuosos con los derechos y reclamos de los familiares de las víctimas, no sólo se verán limitados por lo que se está viniendo a denominar “doctrina Varela”, sino que también tendrán que valorar si seguir adelante con las investigaciones de estos crímenes que bien pudiera acarrearles responsabilidades penales por prevaricación. En el nivel de la justicia internacional, hace unos días (el 3 de mayo de 2010), nos hemos encontrado ya con el intento de los interesados de parte en el caso Scilingo -responsable de los “vuelos de la muerte” durante la dictadura argentina, y condenado por el Tribunal Supremo en 2007 por 30 asesinatos y una detención ilegal en el contexto de Crímenes contra la Humanidad—de interponer incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia condenatoria. Estos plantean denuncia por prevaricación contra los Magistrados que dictaron la sentencia en el caso Scilingo a excepción de Varela, pues el auto de 3 febrero de 2010 se basa, entre otras, en la particular interpretación hecha por éste en su voto particular sobre tal sentencia, pues los Magistrados ahora denunciados “salvaron los mismos escollos” que el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008. El Tribunal Supremo ha abierto así una caja de pandora que de seguro no esperaba abrir, y cuyos efectos deberían preocupar al estado español.

La de ayer ha sido sin duda una jornada de vergüenza para la judicatura de este país, de amenaza a la vigencia del derecho internacional en España, y de subyugación de la justicia a una serie de intereses y objetivos que no guardan relación ni con el debido proceso ni con el estado de derecho. Más lamentable aún, es que pone en evidencia que el mantra de la transición modélica de España de la dictadura a la democracia no es tal. Mientras existan enclaves de resistencia dentro de los poderes del estado, opuestos a la realización de la justicia para todas las victimas sin excepción, mientras no se acepte que España no es una isla en el ordenamiento jurídico internacional y que en materia de justicia ‘Spain is not different’, España seguirá prisionera del fantasma del franquismo. Cualquiera que sea el resultado último de este proceso, el descrédito ya está servido.