lunes, 31 de mayo de 2010

Colaboraciones: Araceli Manjón-Cabeza Olmeda* Algunas reflexiones sobre la instrucción dirigida contra el Juez Garzón - 31/05/2010

La instrucción dirigida contra el Juez Garzón por el Tribunal Supremo en la causa relativa a la investigación de los delitos cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra ha causado tanta sorpresa como repulsa, entre otras cosas, porque desde el principio las resoluciones de Varela traslucían un anticipo de condena, porque se han rechazado todas y cada una de las pruebas que reclamaba la defensa, porque se ha instruido al dictado de la acusación, que se ha visto favorecida por el tutelaje que le ha brindado el Instructor y porque se han ninguneado todas las peticiones del Ministerio Fiscal.

Pero lo más sorprendente llega cuando, presentando las acusaciones unos escritos de acusación inválidos que merecían ser rechazados sin más –lo que hubiese supuesto la imposibilidad de abrir juicio oral-, el Magistrado Varela decide corregirlos, hasta por dos veces en el caso de Manos Limpias, y dar un inexistente plazo para que se proceda a la redacción de otros escritos nuevos aptos para sentar al Juez Garzón en el banquillo. Tal proceder es contrario a la Ley que no contempla tal trámite de intervención del Instructor en la redacción de los escritos de acusación y no permite inventarse plazos fantasmas. Y esa contrariedad a la Ley supone que se ha roto el principio de igualdad de armas, en beneficio de la acusación y en claro perjuicio del finalmente imputado que ha pasado a confrontarse con una acusación “correcta”, cuando debió hacerlo con una acusación ineficaz para con ella abrirse el juicio oral, lo que hubiese supuesto el sobreseimiento de la causa. No puede olvidarse que sin acusación no cabe ni juicio, ni condena.

Esta burda maniobra de tutelar a las acusaciones y corregirles los deberes está viciada de nulidad, manifiesta la falta de imparcialidad en el Instructor, vulnera el derecho de defensa y contamina todo acto procesal que traiga causa de la existencia de las acusaciones. La defensa ha recurrido, entre otras cosas, la resolución de Varela en la que decidía requerir a las acusaciones para que modificasen sus escritos, así como la que admitía el escrito ya corregido, por segunda vez, de Manos Limpias. El Ministerio Fiscal se ha adherido a este recurso, denunciando vulneración de derechos fundamentales y, por ello, requiriendo la nulidad de actuaciones. Estas peticiones no se han resuelto por la Sala y sin embargo se ha abierto juicio oral contra el Juez Garzón que, ha sido por ello suspendido y apartado de su Juzgado, todo ello en un tiempo record que puso de manifiesto que el principal objetivo era la suspensión. Bien podría ocurrir que el recurso de la defensa y la adhesión del Ministerio Fiscal, a la vista de sus aplastantes argumentos, fuesen estimados por la Sala, que entonces debería decretar la nulidad de actuaciones, anulando el requerimiento a las acusaciones, la aceptación del nuevo y corregido escrito de acusación y la apertura del juicio oral; pero aunque tal ocurriese, nos encontraríamos con que el Juez Garzón ya ha sido expulsado del Juzgado. Parece claro que no se debió abrir juicio oral sin que la Sala se pronunciase antes sobre tanta irregularidad encadenada merecedora de nulidad, salvo que el Instructor contase con la seguridad absoluta de que la Sala no iba a atender las peticiones de la defensa y del Fiscal; esta seguridad no puede tenerse.

El incidente de nulidad de actuaciones planteado lo es al amparo del art. 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; este precepto plasma una especie de “amparo ordinario” que hace real la previsión del art. 53.2 de la Constitución: los derechos fundamentales han de ser tutelados, en primer lugar, en la jurisdicción ordinaria, sin perjuicio del posterior recurso de amparo. El proceso debido consagrado en el art. 24.2 del texto constitucional es un derecho fundamental que incluye dentro de sí distintas garantías, entre otras, el derecho al juez imparcial, el derecho a la defensa y el derecho a valerse de los medios de prueba pertinentes. Desde nuestro punto de vista, en el caso que nos ocupa, estas garantías se han vulnerado:

-el Instructor perdió su imparcialidad al colocarse del lado de las acusaciones y favorecerlas con un trámite y un plazo inexistentes en la Ley;

-lo anterior rompe la igualdad de armas y coloca a la defensa en situación claramente desfavorable; de haber actuado el Instructor conforme a Derecho, debería haber rechazado los escritos de acusación y con ello decretar el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Fiscal (arts. 781 y 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal);

-el rechazo de todas las diligencias probatorias pedidas por la defensa, incluso de aquéllas también solicitadas por el Ministerio Fiscal, compromete seriamente el derecho a valerse de todos los medios de prueba pertinentes.

Abrir juicio oral en este escenario, faltando un pronunciamiento de la Sala sobre la nulidad de actuaciones es una temeridad. Si la Sala resuelve que no procede la nulidad de actuaciones, queda abierta la vía del amparo constitucional y, en su caso, el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que recordar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra en su art. 6 el derecho a un proceso equitativo, como un conjunto de garantías, entre las que se encuentran las referidas al juez imparcial y a la defensa.


Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid