martes, 13 de abril de 2010

Implicaciones del caso contra Garzón para el derecho internacional de los derechos humanos - 13/04/2010


1. La aplicación efectiva del Derecho internacional frente a los crímenes internacionales, por encima de leyes de amnistía, sea cual
fuere el origen de estas leyes o de cualquier otro mecanismo de impunidad, no constituye delito ni puede suponer la sanción de los
jueces.

El enjuiciamiento penal contra el Magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según se ordena en el Auto del Tribunal Supremo de
fecha 07 de Abril de 2010, es un atentado contra la legalidad internacional y socava el mismo Estado de Derecho al contraponer,
equivocadamente, el Derecho interno frente al Derecho internacional. Los argumentos que usa el Tribunal para sostener la acusación de
prevaricación contra el Magistrado Garzón por investigar los crímenes del franquismo son un desafío a la interpretación jurídica acorde con
el Derecho internacional, y desconocen no solo la jurisprudencia comparada sobre leyes de amnistía emitidas por otros tribunales y
órganos internacionales, regionales y nacionales, sino la voluntad política de lucha contra la impunidad por los crímenes más atroces
expresada reiteradamente por la comunidad internacional. Más aún, puede constituir un incumplimiento de las obligaciones de España bajo
los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por este país, y mantiene en la impunidad crímenes de lesa humanidad,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas ocurrida durante la dictadura franquista.

2. El procesamiento de los jueces que obran según su criterio jurídico constituye una amenaza a la independencia del poder judicial.
Constituye también una negativa de facto al derecho de las víctimas de los crímenes del franquismo a obtener un recurso efectivo y en última
instancia, justicia.

Numerosas organizaciones de juristas y de derechos humanos han destacado la amenaza a la independencia judicial que supone el
procesamiento del Magistrado Garzón en el contexto descrito. La ausencia de un análisis jurídico serio y riguroso que evidencian las
resoluciones emitidas en este proceso, en particular el Auto del Magistrado Instructor Luciano Varela de 3 de febrero de 2010, denotan
una muy preocupante persecución contra el Magistrado Garzón. En el posterior Auto de 7 de abril, el Magistrado Instructor Varela trata
con desdén, rechazándolas, las actuaciones testimoniales de importantes juristas de nivel internacional, indicando que: “A la hora
de determinar si ha sido o no cometida prevaricación, el juicio de valor correspondiente sobre la corrección jurídica de las resoluciones
del imputado es responsabilidad exclusiva y excluyente del Tribunal que ha de enjuiciarlo. Sin duda lo hará ilustrado por los argumentos
de las partes al respecto, pero sin la intermediación de pericias jurídicas y, menos aún si cabe, de plebiscitos que son incompatibles
con el ejercicio de la potestad jurisdiccional de un Estado democrático.” Y continúa: “Solamente desde una apriorística
desconsideración, no ya del Tribunal enjuiciador, sino de la capacidad técnica de la defensa letrada de las partes, se puede entender
necesario, ni siquiera útil, acudir a la opinión de otros juristas...

3. Una condena contra el Magistrado Garzón podría suponer que nunca más, ningún juez español se atreva a abordar los crímenes del
franquismo bajo riesgo de ser apartado de la magistratura por prevaricación.

Como resultado de ese juicio, el Magistrado Garzón podría ser apartado del ejercicio de la magistratura por un periodo entre 12 a 20 años.
Más lamentable aún, es que esa decisión judicial podría suponer en los hechos que nunca más, ningún juez español se atreva a abordar la causa
de los crímenes del franquismo bajo riesgo de ser apartado de la Magistratura por prevaricación. A nivel regional o internacional,
sentará un precedente nefasto que puede hacer aun más difícil el juzgamiento de los crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad y
que hará prevalecer la impunidad a través de las leyes de amnistía. Por ello, las implicaciones del caso contra Garzón trascienden la
defensa de la persona del Magistrado y obligan a mirar este proceso desde la perspectiva de su impacto en los derechos humanos de las
victimas de las dictaduras y de la aplicación y validez del Derecho internacional de los derechos humanos en una democracia como la
española.