miércoles, 28 de abril de 2010

¿Cambian las Tornas? Jurisdicción Universal Sur-Norte para Juzgar los Crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo - 28/04/2010

Las tornas en la aplicación de la jurisdicción universal parecen estar cambiando de dirección. Primero fue España quien investigó judicialmente los aberrantes crímenes cometidos entre 1976 y 1983 por la dictadura argentina. En marzo de 1996, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional se declaró competente para tratar de combatir, desde la legalidad interna e internacional, la intolerable impunidad en la que permanecían aquellos horrendos crímenes que ofendían a las víctimas, al pueblo argentino y a toda la humanidad. De este modo, se otorgaba la tutela judicial siempre negada a las víctimas de la dictadura militar en ese país. El Juez instructor español – el Juez Baltasar Garzón- determinó, entre otros puntos, que las “Leyes de Punto Final” y de “Obediencia Debida” no podían vincular a la Justicia española; decisión posteriormente confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que adecuadamente vino a advertir que dichas Leyes podían tenerse por contrarias al ius cogens internacional y que contravenían tratados internacionales que Argentina tenía suscritos.

A lo largo de los años, mientras se sustanciaba la instrucción judicial de los hechos, desde la República Argentina y también desde otros lugares del mundo, se preguntaban, nos preguntaban, una y otra vez, acerca del pasado español, de la perenne deuda de la transición española, en su más amplio sentido; la deuda de averiguar y establecer la verdad judicial de los crímenes del franquismo, investigar y perseguir aquellos crímenes de derecho internacional, depurar las responsabilidad penales de sus autores y satisfacer a las olvidadas víctimas. Al cabo de un tiempo, y gracias a la tenacidad de las asociaciones de víctimas y de sus familiares, se abrió la posibilidad de dar respuesta a aquel interrogante: un Juzgado español, el mismo que inició los procesos contra los responsables de los crímenes cometidos por la dictadura argentina, admitía a trámite las denuncias que buscaban saldar aquella deuda reclamada no sólo por sus perjudicados, sino por amplios sectores de distintos ámbitos de la sociedad española y por los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Sin embargo, es por todos conocido el difícil trayecto que esta causa ha desencadenado en contra del Juez que abrió su investigación. Por ello, la justicia internacional ha empezado a abrir otros cauces para que la justicia discurra también a favor de las víctimas del franquismo.

El 14 de abril de 2010, se interpuso una querella ante la justicia argentina por los crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo, bajo el mismo principio de jurisdicción universal. Ahora, es un Juzgado argentino el que deberá pronunciarse sobre la admisión de la querella. La lucha contra la impunidad frente a la grave violación de derechos humanos no conoce fronteras, y los caminos para devolver la dignidad a las víctimas no solo van de Norte a Sur. Éste es el reflejo del compromiso global de lucha contra la impunidad ya sea a través de la legalidad interna o internacional, respaldado por la justa interpretación de la doctrina jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional: todo crimen contra la humanidad debe ser investigado y perseguido, sus autores enjuiciados y sancionados, y las víctimas resarcidas.

El procedimiento español por los crímenes argentinos coadyuvó, en cierta medida, para que allí se desterraran para siempre las leyes de impunidad (“Punto Final” y “Obediencia Debida”) que pretendían impedir la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de su última dictadura. Fue la Corte Suprema de la Nación de ese país, al resolver el caso de la desaparición de Julio Simón resolvió “declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y a cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por temas de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación". Hoy, pese al ritmo pausado de los juicios, la sociedad argentina observa cómo en el banquillo de los acusados se sientan los victimarios de aquellas atrocidades y se les condena, como el caso de Bignone. Desde esta enseñanza, este país del otro lado del Atlántico será de nuevo protagonista, al brindarnos o, ante este caprichoso azar judicial, la posibilidad de justicia y dignidad para las víctimas del franquismo. De la misma manera que hace más de 10 años, los tribunales españoles expresaron el nulo valor de las indicadas leyes de impunidad, los tribunales argentinos tienen ahora la inmejorable oportunidad de ser los primeros en poder expresarse en términos similares respecto de la Ley de Amnistía española. Ojala que la querella presentada en Argentina permita que el muro de impunidad caiga por fin en España y que las víctimas de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, puedan también obtener verdad, justicia y reparación.